La reciente aprobación de la Ley General de Aguas en México ha generado preocupación no solo en el sector agrícola, sino también en ciudades como Tijuana, que dependen en gran medida de los recursos hídricos del Distrito de Riego 014 de Mexicali. Aunque el debate nacional se ha centrado en los productores agrícolas, los efectos de esta reforma pueden resonar a lo largo de toda la costa de Baja California, donde millones de personas dependen del acueducto del Río Colorado para su abastecimiento de agua.
Tijuana consume un total de 140 millones de metros cúbicos de agua al año, pero actualmente tiene una asignación directa de 80 millones del Río Colorado. La diferencia, que representa casi la mitad del consumo total, debe ser comprada a los agricultores del Valle de Mexicali, quienes, a través del Distrito de Riego 014, transfieren parte de su cuota.
El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Jesús García Castro, explica la situación actual de esta dinámica:
“Es agua que se recibe pero que no está regularizada y la regularización o la legalización es a través de estos distritos de riego o de los ejidatarios.”
La “regularización” es precisamente lo que se ve amenazado con la nueva Ley General de Aguas, que restringe o incluso prohíbe la venta o cesión privada de derechos de agua, una práctica que durante años ha permitido a Tijuana equilibrar su déficit hídrico.
Desde el gobierno, la reforma se presenta como un mecanismo para priorizar a las ciudades con mayores necesidades, mejorar el acceso al agua para consumo humano y fomentar la sustentabilidad del sistema hídrico.
García Castro señala:
“Estas modificaciones a la ley federal son para apoyar a las grandes ciudades y a las grandes necesidades que se viven en esta ciudad que son semidesérticas; por lo pronto, no tenemos agua, digo, agua propia.”
En teoría, la ley debería beneficiar a ciudades como Tijuana, que ya carecen de fuentes locales suficientes. Sin embargo, en la práctica, la transición no es clara. Actualmente, la ciudad depende de un esquema que la nueva legislación podría hacer obsoleto.
La pregunta es urgente: si ya no se pueden comprar derechos al Distrito de Riego 014, ¿cómo cumplirá Tijuana con su demanda anual?
Mientras la incertidumbre permea en las ciudades, los agricultores de la región advierten que los cambios legislativos podrían limitar su acceso al agua o encarecerlo, afectando a un sector ya desgastado.
El productor de frutos rojos, Luis Ernesto Guevara, lo resume con cifras alarmantes:
“Cuando llegué a San Quintín había 20 mil hectáreas sembradas, 28 mil, y ahora debe haber apenas unas 6 mil, y eso es por agua, exclusivamente por problemas de agua.”
La reducción drástica en la superficie cultivada es parte del temor de que una regulación más estricta complique todavía más las operaciones agrícolas en regiones donde el agua ya es escasa.
La controversia sobre el futuro del agua ha llevado incluso a manifestaciones. En Mexicali, productores agrícolas bloquearon la aduana como medida de presión, aunque acordaron levantar el bloqueo temporalmente mientras continúan las negociaciones con las autoridades federales.
Este conflicto refleja lo que está en juego: no es solo una disputa legal, sino un cambio profundo en la relación entre el campo y la ciudad en una región donde el agua es un recurso preciado.
La nueva Ley de Aguas está reconfigurando el equilibrio entre la zona agrícola del valle y las ciudades costeras. Para Tijuana, el reto es monumental: asegurar su futuro hídrico sin el mecanismo de compra de derechos que ha sostenido su abastecimiento por décadas.
El desafío para los agricultores es igualmente grande: garantizar el acceso suficiente a un recurso que ya limita su producción.
El desenlace aún es incierto, pero está claro que esta reforma transformará no solo la gestión del agua, sino también la vida diaria de millones de personas en Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
9 Dec, 2025
