Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 24 de diciembre de 2025
Kansas vuelve a estar en el eje del debate nacional sobre el derecho al voto. Un nuevo informe advierte que la experiencia del estado con leyes que requieren prueba de ciudadanía para votar debería servir como una advertencia clara para el Congreso y para otros estados que están considerando avanzar en iniciativas similares.
El análisis, realizado por Dēmos, Campaign Legal Center y State Voices, examina los datos de Kansas y Arizona y concluye que estas leyes son costosas, propensas a errores y terminan excluyendo a votantes elegibles, pese a que la ciudadanía ya es un requisito legal para ejercer el derecho al voto en Estados Unidos.
Una política que ya fracasó en Kansas
Kansas implementó su ley de prueba de ciudadanía tras la aprobación del Kansas Secure and Fair Elections Act (SAFE Act) en 2011. Desde 2013, cualquier persona que se registrara para votar tenía que presentar documentos como un pasaporte o un certificado de nacimiento.
La medida estuvo vigente por poco más de tres años antes de ser bloqueada por un juez federal. En 2018, la ley fue declarada inconstitucional y en 2020 el Décimo Circuito de Apelaciones confirmó la decisión.
Durante este periodo, más de 30,000 kansanos vieron sus registros suspendidos o invalidados, según el informe.
Costos mucho mayores a lo prometido
Un hallazgo clave del reporte es su impacto financiero. Inicialmente, los legisladores estimaron que la ley costaría apenas $12,500 en su primer año fiscal y $1,000 en el siguiente. No obstante, la realidad resultó ser muy distinta.
En su primer año completo, la Oficina del Secretario de Estado gastó más de $192,000 en la implementación de la ley. El informe estima que el gasto total superó los $350,000 entre su aprobación y entrada en vigor, sin contar los costos posteriores derivados de errores y litigios.
Además, el estado tuvo que cubrir $1.9 millones en honorarios legales tras haber perdido dos demandas relacionadas con esta legislación.
Errores administrativos y falta de coordinación
El reporte documenta una “ruptura prolongada” en la comunicación entre el Departamento de Vehículos Motorizados, la oficina del Secretario de Estado, las oficinas electorales de los condados y los propios votantes.
Los empleados del DMV no estaban autorizados para solicitar prueba de ciudadanía ni para informar a las personas sobre el nuevo requisito, lo que generó una gran confusión. Kansas también carecía de sistemas tecnológicos que pudieran verificar números de pasaporte o certificados de nacimiento.
“Cuando se vincula la verificación de ciudadanía a bases de datos que no fueron diseñadas para ello, surgen errores”, explicó Lata Nott, directora de política de derechos electorales del Campaign Legal Center. “Y esos errores no son menores: le quitan a la gente su derecho al voto”.
El fraude que nunca se probó
La ley fue promovida por el entonces secretario de Estado, Kris Kobach, con el argumento de combatir el fraude electoral. Sin embargo, nunca se demostró fraude en los tribunales.
Según la Corte de Apelaciones, solo 39 no ciudadanos se registraron para votar en Kansas entre 1999 y 2013, lo que representó apenas el 0.002% del padrón electoral.
“El problema no era el fraude, sino fallas administrativas”, concluyó el tribunal, señalando que la ley tuvo un impacto desproporcionado en los votantes.
Impacto en comunidades vulnerables
Los autores del informe advierten que las leyes de prueba de ciudadanía funcionan como una forma de supresión del voto, afectando de manera más severa a comunidades históricamente marginadas.
“Son barreras sociales que afectan especialmente a votantes de color, personas de bajos ingresos y comunidades excluidas”, señaló Neda Khoshkhoo, directora interina de democracia en Dēmos.
A medida que otros estados como Indiana, New Hampshire, Ohio y Wyoming aprobaron leyes similares en 2025, los expertos anticipan que el debate se intensificará en 2026.
Una advertencia para el futuro
Aunque no ha avanzado una propuesta federal para exigir prueba de ciudadanía, el informe sostiene que la experiencia de Kansas demuestra que estas políticas no solo fallan en su objetivo, sino que generan costos fiscales, caos administrativo y pérdida de confianza pública.
“Cuando se combinan los costos financieros con el daño real a los votantes, es necesario replantearse seriamente el valor de estas políticas”, afirmó Marissa Liebling, de State Voices.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
26 Dec, 2025
