La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes que evaluará si el intento del presidente Donald Trump de abolir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto presidencial es constitucional, brindando a los magistrados la oportunidad de revisar un principio que ha sido ampliamente considerado como ley establecida desde el siglo XIX.
Al aceptar la apelación, la corte aborda directamente la esencia de un debate que, en gran parte, eludió a principios de este año cuando falló a favor de Trump por cuestiones técnicas respecto al manejo de esta política en los tribunales inferiores.
A pesar de que las teorías legales presentadas por la apelación del Gobierno de Trump han sido vistas como marginales, incluso por muchos conservadores, el caso recibirá atención pública en la nueva sesión de la Corte Suprema que comenzó este otoño. Este evento pone a prueba la disposición de la corte a aceptar un argumento legal innovador desde la Casa Blanca.
Un fallo a favor de Trump podría modificar un principio de larga data en la jurisprudencia constitucional y de inmigración estadounidense, lo que podría ocasionar serios obstáculos para los ciudadanos estadounidenses en el proceso de documentar a sus recién nacidos.
La corte escuchará los argumentos a principios del próximo año y es probable que emita su decisión hacia finales de junio.
“Desde el inicio de este Gobierno, quizás no hay ningún tema en el que el presidente Trump haya estado más equivocado que en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto”, expresó Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown.
“Este decreto no solo viola los estatutos pertinentes y la Decimocuarta Enmienda, sino que también contradice la interpretación autorizada por la Corte Suprema de esa disposición constitucional en 1898”, añadió. “A pesar de que la Corte apoyó a Trump anteriormente en la limitación de medidas cautelares contra la política, ahora que el caso se presenta sobre el fondo, hay razones para creer que incluso esta Corte podría fallar en su contra; lo que queda por ver es qué fundamento escogerán para hacerlo”.
Dos décadas tras la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Corte Suprema falló en el caso EE.UU. v. Wong Kim Ark, donde se reconoció que las personas nacidas en Estados Unidos, en ese caso un hijo de inmigrantes chinos, tienen derecho a la ciudadanía estadounidense con ciertas excepciones. Sin embargo, el Gobierno de Trump argumenta que este precedente ha sido malinterpretado durante mucho tiempo.
A pesar de la interpretación de la cláusula de ciudadanía histórica, el Gobierno de Trump dijo a la Corte Suprema que esa noción es “incorrecta” y que ha tenido “consecuencias destructivas”. El presidente ha hecho del fin de la ciudadanía por nacimiento un pilar de su agenda migratoria.
“La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue concebida para otorgar ciudadanía a los esclavos liberados y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o inmigrantes ilegales”, argumentó el procurador general D. John Sauer, principal abogado en la apelación del Gobierno.
A pesar de que la Corte Suprema emitió una decisión significativa en junio sobre el decreto de Trump relacionado con la ciudadanía por nacimiento, este caso se enfocó más en cuestiones procesales sobre la autoridad de los tribunales inferiores para bloquear políticas implementadas por el presidente. Una mayoría de 6-3 de la Corte limitó —sin eliminar completamente— el poder de los tribunales para frenar tales medidas.
Posteriormente a la decisión de la Corte Suprema, la política de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento fue rápidamente neutralizada de nuevo por los tribunales, utilizando métodos alternativos, y nunca ha llegado a implementar.
Los tribunales inferiores, tanto compuestos por jueces conservadores como progresistas, han emitido fallos en contra del decreto del Gobierno.
“Este caso no es más que una mezcla de afirmaciones históricas inexactas, citas erróneas, doctrinas recién inventadas y, sobre todo, preferencias de política”, afirmaron la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos que representan a los demandantes ante la Corte Suprema al inicio de este año.
La Corte decidió escuchar los argumentos de un caso procedente del tribunal de Nueva Hampshire, donde se prohibió la aplicación del decreto de Trump en relación con cualquier bebé afectado por la política, lo cual fue parte de una demanda colectiva presentada por la ACLU.
Sin embargo, no aceptó otro caso separado que provenía del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, donde se confirmó la decisión de un juez de Seattle que bloqueó la política de Trump a nivel nacional, en un caso presentado por un grupo de estados liderados por demócratas.
La diferencia posiblemente se debe a quién estaba demandando: el caso del Noveno Circuito abordaba la cuestión de si los estados tenían legitimación para demandar por esta política.
El decreto, firmado por Trump el 20 de enero y titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, estipulaba que el Gobierno federal no “emitiría documentos que reconozcan la ciudadanía de Estados Unidos” a ningún niño nacido en territorio estadounidense de padres que se encontraban en el país ilegalmente o que estaban en el país legalmente, pero de manera temporal.
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Fuente original: Noticias El Paso
Por Alan Tiscareno
5 Dec, 2025
