César Duarte enfrenta nuevas acusaciones por lavado de dinero en un proceso federal

CHIHUAHUA, México – El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, se halla nuevamente en el centro de atención de la justicia mexicana, esta vez a través de un proceso federal que añade presión a su ya complicado historial judicial. Duarte fue arrestado el 8 de diciembre en la capital del estado, tras una orden de aprehensión federal emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), basada en acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos cargos son distintos de aquellos que motivaron su extradición desde Estados Unidos en 2022. La FGR confirmó que la acción legal se deriva de una orden dictada en mayo de 2024, pero que fue ejecutada recién ahora, tras obtener el consentimiento para juzgarlo por un cargo diferente.

La acusación federal se basa en presuntos actos relacionados con lavado de dinero y desvío de recursos. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad federal, explicó anteriormente que los señalamientos recaen sobre “delitos muy específicos que son lavado de dinero o desvío de recursos”. El gobierno federal sostiene que esta nueva imputación se debe a nuevas facultades otorgadas a la Fiscalía mexicana después de consultas diplomáticas vinculadas con el proceso de extradición.

Duarte ya había permanecido bajo arresto anteriormente en territorio estadounidense. Fue detenido por primera vez en Miami en 2020 y posteriormente extraditado a México en 2022 para hacer frente a cargos estatales por peculado y asociación delictuosa. Esa extradición dio pie a una serie de procesos judiciales y administrativos que, con el tiempo, fueron disminuyendo en número. Su equipo legal asegura que el exgobernador ha logrado cerrar 20 de los 21 casos penales abiertos en Chihuahua, además de varios procedimientos administrativos.

A pesar de ello, Duarte continua formalmente bajo investigación estatal, y la nueva imputación federal añade un nuevo nivel procesal. “Aún enfrenta un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en el estado de Chihuahua”, afirmó su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien ha sido el principal portavoz legal del exmandatario durante este proceso.

La defensa de Duarte argumenta que la actuación de la Fiscalía infringe la regla de especialidad en materia de extradición. Según este principio, una persona extraditada únicamente puede ser procesada por los cargos aprobados por el país que concedió su traslado. “No tiene sentido porque no se ha demostrado lo primero; si no se demuestra lo primero, no pueden acusar de lo segundo”, argumentó Mendoza, enfatizando que no se pueden avanzar en investigaciones adicionales sin resolver las acusaciones iniciales.

La llegada de Ernestina Godoy a la titularidad de la Fiscalía General ha marcado un punto de inflexión en el rumbo procesal del caso. Tras asumir el cargo, la FGR consiguió la autorización para iniciar el proceso federal y ejecutar la más reciente orden. Según la defensa, este desarrollo representa un peligro de doble juicio, ya que aseguran que los hechos señalados ya han sido analizados previamente. “El juez de control señala que debería haber necesidad para detenerlo, lo que es una flagrante barbaridad”, expresó el abogado, reforzando su interpretación jurídica.

Su equipo legal añade que la imputación equivale a reabrir situaciones procesales concluidas o casi agotadas. También sostienen que no hay riesgo de fuga, ya que su cliente siempre se ha presentado voluntariamente ante las autoridades. Con firmeza, el defensor legal anticipó que Duarte mantendrá su postura procesal: se declarará “completamente y sin ninguna duda” inocente.

Mientras el expediente sigue avanzando, Duarte permanece recluido en el penal federal de El Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad del país. Su defensa buscará que el exmandatario enfrente el proceso en libertad, alegando además condiciones médicas complejas, con antecedentes cardíacos y cirugías recientes.

En la antesala de nuevas audiencias, el equipo legal insistió en que el proceso no debe convertirse en un caso politizado. “Que no se tomen a las personas como un botín político”, afirmó Mendoza, “sino que podamos resolver todas las situaciones donde hay injusticia, porque donde no hay justicia no hay paz”, señalando que el proceso de Duarte representa un desafío a los principios judiciales que, sostienen, deberían prevalecer en el país.