Por Karen Gutierrez, Univision — Denver, Colorado | 8 de diciembre de 2025
El sistema carcelario de Colorado enfrenta una revisión federal sin precedentes tras el anuncio de una investigación formal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para determinar si las prisiones estatales y los centros juveniles de detención están comprometiendo los derechos constitucionales de las personas bajo custodia. Esta evaluación, comunicada el lunes por la administración Trump, incluye aspectos que van desde el uso excesivo de la fuerza hasta la atención médica, nutrición y políticas relacionadas con las personas transgénero encarceladas.
La investigación se enfoca en el Colorado Department of Corrections (DOC) y la Division of Youth Services (DYS), entidades responsables de la supervisión de los adultos encarcelados y los jóvenes en detención. En una carta dirigida al gobernador Jared Polis, el DOJ explicó que la meta de su indagación es evaluar las “policies and practices” dentro de ambas instituciones para determinar su conformidad con la Constitución y las leyes federales.
Derechos constitucionales en el punto de mira
“La Constitución protege a todos los estadounidenses, ya sea a un joven confinado en una instalación juvenil o a una persona anciana en prisión”, declaró la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon en un comunicado oficial. El DOJ enfatizó su misión de asegurar que nadie sufra “unconstitutional mistreatment” mientras esté bajo custodia estatal.
El enfoque de la investigación se centrará en tres áreas clave en las 21 prisiones del DOC:
• Adecuación de la atención médica.
• Condiciones seguras, higiénicas y sanitarias.
• Prácticas referentes a la separación y protección de personas transgénero.
Además, el departamento indagará si Colorado está fallando en prevenir el uso excesivo de la fuerza en sus 12 centros juveniles y en proporcionar una nutrición adecuada para los jóvenes detenidos.
Política de vivienda de personas trans en el centro del debate
La administración Trump también examinará la política estatal que determina el alojamiento de las personas transgénero en las prisiones. Según la carta enviada a Polis, uno de los objetivos es verificar si el DOC “violates prisoners’ and detainees’ right to free exercise of religion by housing biological males in units designated for females”.
Esta línea de investigación se desarrolla en un contexto político donde el presidente Trump ha intensificado sus críticas a políticas consideradas “inclusivas” en estados dirigidos por demócratas. Hasta el momento, Colorado no ha emitido una respuesta oficial; un portavoz de Polis no estuvo disponible para hacer comentarios.
Contexto político: el caso de Tina Peters
El anuncio del DOJ coincidió con la negativa de autoridades de Colorado a la solicitud del presidente Trump para trasladar a Tina Peters, exsecretaria del condado de Mesa, desde la prisión estatal a un penal federal. Peters cumple una condena de nueve años por delitos vinculados a elecciones.
A pesar de que también se rechazó su solicitud más reciente en la corte federal, el presidente Trump ha abogado públicamente por su liberación y ha calificado al gobernador Polis de “sleazebag” tras la negativa estatal para autorizar su traslado. Un funcionario del DOJ indicó que hay esfuerzos en marcha para liberar a Peters, aunque la investigación anunciada no la menciona de forma directa.
Denuncias previas y condiciones documentadas
La pesquisa federal sigue a numerosos informes sobre problemas en las instalaciones juveniles de Colorado. En noviembre, padres informaron al Denver Post que sus hijos estaban perdiendo peso de manera alarmante en el Youthful Offender System de Pueblo debido a la escasez de alimentos. Uno de ellos, un joven de 22 años, fue hospitalizado por fallo renal asociado con malnutrición, según su familia.
Este clamor público forzó al estado a modificar sus políticas internas sobre la adquisición y acceso a alimentos.
Un informe de marzo reveló críticas internas que documentaban:
• Acusaciones de uso excesivo de fuerza por parte del personal.
• Lesiones graves sufridas por adolescentes durante restricciones físicas.
• Introducción de drogas ilícitas en instalaciones consideradas seguras.
• Alegaciones de relaciones inapropiadas entre empleados y jóvenes en su custodia.
La situación culminó en agosto, cuando la DYS trasladó a todos los jóvenes sentenciados del Lookout Mountain Youth Services Center, en Golden, citando “deteriorating safety conditions”.
¿Qué podría venir?
La investigación federal podría resultar en acuerdos obligatorios, cambios operativos significativos o intervenciones judiciales. También podría influir en debates legislativos sobre reformas penitenciarias, políticas de protección juvenil, atención médica en prisiones y regulación del alojamiento para personas transgénero.
A medida que Colorado procesa las conclusiones de informes periodísticos y testimonios familiares, el anuncio del DOJ representa un momento crítico para ambos sistemas que han sido objeto de críticas por su eficacia en proteger a aquellos bajo su custodia.
La evolución de este caso será supervisada de cerca tanto por defensores de derechos civiles como por funcionarios estatales que deberán responder a un escrutinio federal que podría transformar drásticamente la operación de prisiones y centros juveniles en Colorado.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Karen Gutierrez
9 Dec, 2025
