Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 4 de diciembre de 2025
La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, se encuentra bajo creciente presión del gobierno federal esta semana tras el anuncio del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) sobre la intención de retener fondos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para varios estados, incluido Kansas. La controversia gira en torno a la solicitud de información personal de miles de beneficiarios que ha generado un conflicto durante meses.
Esta disputa se desarrolla en un contexto de tensiones crecientes entre la administración Trump y al menos 22 estados gobernados por demócratas, que han rechazado el requerimiento federal, considerándolo ilegal y una invasión a la privacidad de los ciudadanos.
¿Qué exige el USDA y por qué los estados se niegan?
Desde febrero, el USDA ha requerido a todos los estados que suministren información personal detallada de los beneficiarios de SNAP, con el objetivo declarado de identificar a ciudadanos estadounidenses que reciben beneficios de manera indebida. Sin embargo, los estados, incluido Kansas, sostienen que esta solicitud no tiene fundamento legal y vulnera la privacidad de los residentes, así como las protecciones constitucionales establecidas.
De acuerdo con estos gobiernos, ceder a la orden federal podría sentar un precedente peligroso en la administración de programas sociales.
La respuesta de la administración Trump ha sido clara: retirar fondos administrativos de SNAP, lo que complicaría la operativa de los programas de asistencia alimentaria en Kansas, particularmente en áreas rurales o de alta pobreza.
Kelly: “No tengo ningún interés en que la gente pase hambre”
Ante el anuncio del USDA, la gobernadora Kelly se mostró contundente. En declaraciones realizadas el miércoles, afirmó que no cedería a las presiones para entregar datos privados de los residentes.
“No tengo absolutamente ningún interés en que la gente pase hambre”, enfatizó. “Tampoco tengo interés en ser intimidada para entregar información personal y privada. Estoy en una situación difícil. Debo proteger la privacidad de las personas y también debo proteger su mesa de comedor”.
Kelly indicó que está trabajando con su equipo legal para evaluar los próximos pasos, lo que sugiere que Kansas podría recurrir nuevamente a los tribunales para impugnar esta medida.
Un conflicto que no es nuevo
Esta no es la primera ocasión en que la administración Trump intenta sancionar a Kansas por negarse a proporcionar información sobre los beneficiarios de SNAP. En septiembre, el USDA notificó al estado sobre la posible retención de más de $10 millones en fondos relacionados con el programa.
Aunque esa acción no se concretó tras la apelación de la gobernadora que llevó el caso a los tribunales, el nuevo aviso sugiere que la administración federal está dispuesta a intensificar el conflicto.
Analistas advierten que, de concretarse los recortes, miles de familias podrían enfrentar demoras en la distribución de beneficios, ya que los fondos administrativos son fundamentales para el personal, los sistemas, la verificación de elegibilidad y otros componentes operativos esenciales.
¿Qué está en juego para Kansas?
El programa SNAP es vital para miles de hogares en el estado. Si bien los beneficios directos para alimentos no están en riesgo inmediato, la suspensión de los fondos administrativos podría resultar en:
- Menos personal para procesar solicitudes
- Retrasos en la verificación de casos
- Tiempos de espera más prolongados
- Riesgo de interrupciones temporales en la distribución de ayuda
Asimismo, organizaciones comunitarias advierten que la incertidumbre podría desmotivar a familias elegibles a solicitar beneficios, temiendo la exposición de sus datos o cambios en los requisitos.
Un debate nacional sobre privacidad y elegibilidad
El conflicto en Kansas es parte de un discurso más amplio sobre la gestión de datos sensibles en programas sociales. Los gobiernos locales temen que la entrega de listas con información personal pueda ser utilizada para fines ajenos a SNAP o para tomar medidas punitivas contra poblaciones vulnerables.
Para la administración Trump, la transparencia es fundamental para identificar abusos en el programa. Por otro lado, los estados consideran que la exigencia federal sobrepasa la autoridad del USDA y plantea graves riesgos legales y éticos.
¿Qué sigue?
Kelly ha reiterado su compromiso en proteger la privacidad de los residentes, garantizando que las familias no pierdan acceso a la asistencia alimentaria. Su equipo legal está evaluando opciones que incluyen nuevas apelaciones y posibles demandas.
Por el momento, Kansas se mantiene entre los 22 estados en resistencia, mientras el gobierno federal evalúa cómo y cuándo llevará a cabo los recortes. El impacto final dependerá de las decisiones judiciales y de la respuesta conjunta de los estados implicados.
Es evidente que miles de familias en Kansas dependen del programa SNAP para cubrir sus necesidades básicas, y cualquier interrupción representa un grave riesgo para la seguridad alimentaria en la región.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
4 Dec, 2025
