La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump busca equiparar al fentanilo con armas químicas, activar a agencias de defensa y seguridad y aumentar penas contra el narcotráfico, mientras expertos y México advierten sobre el riesgo de militarizar una crisis de salud pública.
El gobierno de Estados Unidos ha dado un giro radical en su estrategia contra las drogas sintéticas al declarar oficialmente al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos como un arma de destrucción masiva. Esta decisión, anunciada mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, representa un cambio profundo en la forma en que el Estado estadounidense aborda la crisis, que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.
El objetivo es activar prácticamente todas las herramientas del gobierno, desde penas penales más severas hasta la posible intervención de agencias de defensa y seguridad nacional, para atacar la producción, distribución y financiamiento de este potente opioide sintético. El fentanilo, que es altamente potente y de bajo costo, se ha convertido en el principal motor de la crisis de opioides en Estados Unidos y es una prioridad para las autoridades federales.
Según funcionarios del orden público, la nueva designación legal amplía significativamente el margen de acción de los fiscales y refuerza los procesos contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA en la región de El Paso, indicó que “esta designación permite a los fiscales pedir penas más severas contra los narcotraficantes que perseguimos y refuerza el impacto de los casos de narcotráfico que la DEA presenta”.
La orden ejecutiva se sostiene, según defensores del plan, en la peligrosidad del fentanilo, al que se compara con armas químicas debido a su capacidad letal incluso en cantidades mínimas. Briano enfatizó la potencia de esta sustancia al mencionar que “es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina; solo 2 miligramos pueden matar a una persona”. Estas cifras han sido utilizadas por el gobierno para justificar un enfoque más agresivo y punitivo frente a lo que considera una amenaza directa a la seguridad nacional.
No obstante, la decisión ha recibido críticas. Expertos en políticas de drogas y salud pública advierten que comparar el fentanilo con un arma de destrucción masiva es más simbólico que práctico. Aunque se trata de una sustancia extremadamente mortal, no ha sido utilizada como un arma en el sentido tradicional, y el núcleo del problema sigue siendo una crisis de adicciones que requiere estrategias integrales de prevención, tratamiento y reducción de daños.
Las críticas fueron respaldadas públicamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum reconoció la necesidad de combatir los delitos relacionados con el narcotráfico, pero subrayó que el enfoque no puede limitarse a la represión. “Por supuesto que hay que atender los delitos, pero también hay que considerar las causas del consumo de drogas. Si no se abordan las causas, será el fentanilo, otra droga, y el consumo continuará”, afirmó.
La orden ejecutiva se produce en un contexto de creciente militarización de las operaciones antidrogas. Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado sus acciones en aguas internacionales, incluyendo operativos contra varias embarcaciones acusadas de narcotráfico. Para los críticos, esta escalada puede desviar recursos destinados a la salud pública hacia operaciones militares, sin garantizar una reducción real en el consumo de drogas o las muertes por sobredosis.
Sheinbaum enfatizó que el problema del fentanilo está íntimamente relacionado con factores sociales y de salud mental. “Está relacionado con la salud mental, los vínculos familiares, la educación y la atención a las causas. Esta es nuestra visión y se lo he expresado al presidente Trump”, declaró la mandataria mexicana, marcando una clara diferencia entre ambos enfoques.
El impacto de esta decisión será especialmente notable en las áreas fronterizas y en comunidades que ya han sufrido severamente por la crisis de opioides. Regiones como El Paso, que están en contacto directo con las dinámicas del tráfico transnacional, podrían experimentar un aumento en operativos, procesos judiciales y la presencia de agencias federales.
Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se traduce esta política en acciones concretas y si el endurecimiento del discurso y las herramientas legales puede frenar el flujo del fentanilo o, como advierten los expertos, si la militarización eclipsa la atención a una emergencia de salud pública que sigue costando vidas en ambos lados de la frontera.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
18 Dec, 2025
